Tras su renuncia, la jueza Makintach prepara su defensa en la causa penal: los curiosos vínculos de sus abogados

La presentación de la renuncia a su cargo como jueza abre un nuevo panorama para Julieta Makintach (47), principalmente en la causa penal que tramita la justicia de San Isidro y que investiga el accionar de la magistrada en la grabación de un documental del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60), que fue declarado nulo luego de un escándalo judicial sin precedentes.

Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo llevan adelante el expediente que hasta el momento está catalogado como “averiguación de ilícito”. La imputación puede cambiar en cualquier momento con el avance de la causa.

La investigación dio por cierto la grabación de imágenes y un guion que tenía como protagonista a la jueza Makintach. El guion de seis capítulos de media hora cada uno de una serie documental titulada “Justicia Divina” fue presentado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, en pleno debate por la muerte del “Diez”.

Un tráiler reproducido en dos idiomas (castellano e inglés) con imágenes de la jueza caminando en el Palacio de Tribunales de San Isidro o en su despacho del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2, donde manipulaba expedientes, fue “la gota que rebalsó el vaso” para que Makintach acepte la recusación de todas las partes involucradas en el debate.

La causa que tramita la Fiscalía N° 1 de San Isidro tiene como objeto establecer si abusó de su cargo utilizando las instalaciones del tribunal un domingo para grabar imágenes, permitir el ingreso a personas para filmar sin contar con la autorización o si la realización de la serie tenía un propósito económico para las partes, entre ellas la propia jueza Makintach.

“Se llevaban gastados solo para la presentación seis millones de pesos”, afirmó a Clarín una fuente vinculada a la investigación. El camarógrafo Jorge Huarte, quien filmó a la jueza dos días antes del inicio del juicio y durante la primera jornada, declaró que había cobrado 550 mil pesos por su trabajo.

Makintach presentó en la causa dos abogados para que la representen: Guillermo y Alfredo Soares Gache, dos reconocidos letrados de San Isidro que están asociados al Estudio Jurídico Oderigo, donde uno de los titulares es Eduardo “Coco” Oderigo, ex jugador de rugby y creador de “Los Espartanos”, miembro de una familia tradicional en el derecho penal.

En febrero de este año se estrenó “Espartanos: una historia real”. La serie relata la vida de “Coco” Oderigo. La productora a cargo de la realización de la serie fue Pegsa, la misma que tiene como dueños al ex Puma Agustín Pichot y a Juan Makintach, hermano de la jueza Julieta Makintach.

El director de la serie fue Sebastián Pivotto, quien dirigió la película “La Leyenda” (2008), que fue guionada por Juan Emilio “Chavo” D´Emilio, conocido publicista y guionista, también investigado en la causa Makintach.

Es que D´Emilio fue señalado en plena audiencia por varias de las partes como una de las personas que ingresó sin autorización al debate. Cuando se presentó dijo ser “escritor y maradoniano”.

Junto a él estaba María Lía Vidal Alemán, que públicamente dijo ser decoradora de interiores. La investigación determinó que la mujer era amiga de Makintach y que fue la que la llevó adelante la idea de grabarla.

El artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires indica que se considera imputado “a toda persona que en cualquier acto o procedimiento se lo indique o detenga como autor o partícipe de la comisión de un delito”.

Es por esta razón que Makintach presentó abogados defensores. “Oportunamente se va a presentar en la causa penal para dar todas las explicaciones pertinentes, las que difieren en muchos aspectos de aquello que circula mediáticamente”, dijo a Clarín un allegado a la jueza.

Makintach presentó este martes su renuncia como jueza ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires. Al renunciar, Makintach podría gozar de una jubilación por haber sido jueza. En el caso de ser destituida por causas graves por un jury, perdería la totalidad de ese beneficio.

Cuando el gobernado Axel Kicillof acepte, Makintach dejará de tener fueros, lo que habilitará que –en caso de ser pertinente- pueda ser llamada a indagatoria, realizar allanamientos en sus domicilios, secuestrar celulares o dispositivos electrónicos e imputarle formalmente un delito y hasta ser detenida.

Uno de los delitos que puede quedar enmarcado el comportamiento de Makintach como una de las juezas en el juicio por la muerte de Maradona es la malversación de caudales públicos (artículo 260 del Código Penal de la Nación).

Este delito tiene una pena en expectativa de dos a diez años de prisión si “el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública” (artículo 261).

Si se determina la participación de una o más personas, otro delito posible es el cohecho. En el artículo 256, el Código Penal asegura que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.

“Para que se constituya el delito de cohecho tiene que haber un fin económico y la participación de dos personas: una que ofrece y otra que acepta”, explicó una fuente. Para ello, se debe determinar la participación de terceros.

El procurador general bonaerense Julio Conte Grand denunció a Makintach y enumeró nueve conductas que la magistrada trasgredió, entre ellas, permitir el ingreso a personas para tomar imágenes para una miniserie; la utilización de recursos públicos como el Palacio de Tribunales y personal policial; decir que estaba ajena a cualquier irregularidad; incurrir en “parcialidad manifiesta”, que derivó en la nulidad del debate y la imagen escandalosa que quedó vinculado el Poder Judicial.

Hasta el momento quedó determinado que la jueza Makintach realizó imágenes en medio de un debate donde ella intervenía. La investigación continúa.